Desventajas de las limusinas

Todos conocemos  el cuento del emperador que creía estar vestido pero iba desnudo... hasta que un niño dio la voz de alarma. Pero, ¿qué ocurriría si el emperador viajase en limusina y sus súbditos sólo pudiesen ver su rostro sonriente y su mano saludando a la multitud?

Día uno. El gobierno chino llega a la conclusión de que en su territorio se está declarando una epidemia que podría ser devastadora para la salud y para la economía del país. Inmediatamente, adoptan medidas de control estricto de la población, secuencian el genoma del nuevo virus y dan aviso a la Organización Mundial de la Salud.

Son dos actos reflejos. Para el gobierno chino, la sociedad es piramidal, y las decisiones que afectan a todos las adoptan invariablemente los que están en la cúspide de la pirámide. Por eso dan aviso a la OMS. Su concepción del mundo los lleva siempre a buscar la cúspide de la pirámide. Pero analicemos un poco esta decisión.

El objetivo de la OMS es “luchar contra las enfermedades, ya sean infecciosas, como la gripe y la infección por el VIH, o no transmisibles, como el cáncer y las cardiopatías”. Un momento. ¿De eso no se ocupan ya los médicos? Tal vez sería mejor que la OMS se dedicara a informar a los médicos de los riesgos sanitarios que se vislumbran en el horizonte, y dejara que cada profesional competente hiciera su trabajo.

Pero para informar ya están los medios de comunicación, que también cuentan con profesionales competentes. Presumiblemente. ¿O acaso supone la OMS que un brote epidémico grave le puede pasar inadvertido a un profesional de la información? El mundo tardó minutos en enterarse de la muerte de Kennedy, del accidente de Chernobil o del atentado contra las torres gemelas. En las sociedades democráticas la información no es piramidal.

Al menos, alegarán los defensores de las pirámides, alguien tendría que establecer un protocolo de actuación común para todo el planeta. Pero ese argumento no se sostiene. Cada país y cada región del mundo tiene sus peculiaridades. De unos a otros, varían el clima, la composición de la población, los medios disponibles, el número y distribución del personal sanitario. Las personas más capacitadas para definir un protocolo son los profesionales que mejor conocen todas esas circunstancias locales.

¿Cómo sabremos quién es el profesional que mejor conoce la manera de afrontar una epidemia? No lo sabemos, porque no hay un criterio objetivo que puntúe a todos los médicos de un país y decida quién es el más capacitado para una situación específica. Pero eso es lo mismo que sucede en los sectores de la economía que no son estatales. Cada empresa tiene sus accionistas, que, siempre en defensa de sus intereses, deciden quién es la persona más adecuada para marcar las pautas de la empresa. Naturalmente, una empresa se puede equivocar, y ocasionar la ruina de sus accionistas y el desempleo de sus trabajadores. Pero también el Estado se puede equivocar, acarreando la ruina y el desempleo de toda una nación. ¿Qué es preferible?

En los países en que la sanidad depende del estado, los accionistas son los contribuyentes, pero los contribuyentes no tienen ningún control sobre las decisiones sanitarias. Pueden votar una u otra coalición de partidos, pero no tienen forma de garantizar que las decisiones últimas no sean políticas, y tampoco pueden controlar la cuantía ni la administración de los presupuestos. Para eso, los servicios sanitarios tendrían que ser privados.

Suena mal eso de que la salud esté en manos de empresas privadas, sí. Pero la alimentación está en manos de empresas privadas, que funcionan mucho mejor que los economatos estatales. Uno puede aguantar unos cuantos meses sin que lo operen de cataratas o le implanten una prótesis de cadera. Pero, si se queda tres semanas sin comer, se muere.

¿Por qué son mejores las empresas privadas que el Estado? Las empresas tienen poderosos motivos para optimizar sus decisiones, para mantenerse lo más informadas posible de la realidad y para mejorar constantemente sus servicios al menor coste posible, a riesgo de que sus clientes se vayan a la competencia. El Estado, en cambio, es una pirámide. Los políticos designan a sus informadores y a sus gestores, demasiado a menudo con criterios estrictamente políticos, o incluso amistosos. Los presupuestos son, generalmente, anuales, y están basados en una información contaminada de intereses políticos. Si al final del ejercicio sobra dinero, los gestores lo dilapidan para evitar recortes. Si los fondos no alcanzan, reducen prestaciones.

Pero también puede suceder que las empresas, viciadas por el modelo piramidal, se inhiban de ciertas responsabilidades y las deleguen en el Estado. Si usted tiene un puesto de helados en la playa y se entera de que se acerca un tsunami, lo último que se le ocurrirá es sentarse a esperar a que el gobierno construya a toda velocidad un muro de contención. Lo normal es que usted recoja sus bártulos y se suba a la montaña más cercana. Y si usted tiene una empresa y quiere que sus empleados se mantengan sanos para poder seguir trabajando, en cuanto se entere de que viene una epidemia extremará las medidas de higiene en la empresa y comprará mascarillas suficientes para todos sus empleados.

¿Eso quiere decir que el Estado no pinta nada en este tipo de crisis? El Estado es necesario. Existe para proteger a la sociedad siempre que la sociedad no sea capaz de hacerlo por sí misma. El Estado tiene un papel insustituible como defensor de la libre competencia, de modo que ninguna empresa o grupo de empresas lleguen a acaparar el mercado e imponer los precios que les dé la gana (es decir, implantar un modelo de economía piramidal). Y tiene también el deber de proteger a sus ciudadanos, por ejemplo controlando las fronteras para que las epidemias externas no lleguen a contagiarnos.

Aislar a toda la población es una solución piramidal, una solución extrema para un problema que quizá habría tenido una solución más eficaz si todos, tanto nosotros como nuestros representantes, hubiéramos tenido una conciencia clara de nuestras responsabilidades... y de nuestros intereses.

En lugar de estar mentalmente contaminados por el modelo de sociedad piramidal. En las sociedades humanas, el poder es inevitable. Contra lo que muchos creen, la solución no es reformarlo, sino trocearlo.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Los slogans

Supongo que todo el mundo sabe lo que es un slogan. Un slogan es un resumen exprimido... con un exprimidor no siempre ecuánime. "No a la guerra", por ejemplo, expresa un deseo que todos compartimos pero que, a efectos de prevención de riesgos, viene a ser tan útil como decir "No a los terremotos". Como los terremotos existen, trate usted de prevenirlos al construir su casa y de predecirlos gracias a sus científicos para, si alguna vez le llega a pillar uno, salir del paso lo mejor posible. En otras palabras, prefiero el slogan "Prevengamos los terremotos".

Pero no son esos slogans los que quería comentar yo hoy, sino uno que resuena últimamente mucho por calles y plazas. Me refiero al slogan-paraguas "No a los recortes". Más concretamente: en el sector de la enseñanza. Y la analogía que propongo es la misma: igual que sucede con los terremotos o las guerras, los recortes existen. Existen porque el Estado tiene una deuda más allá de lo razonable (lo razonable, probablemente, sería menor o igual a cero) y, para poder ir pagándola, necesita reducir gastos.

¿Qué gastos? Es de suponer que los menos importantes, primero, y eso lo tendrá que decidir el presidente del Gobierno. Después, en sus ministerios, cada ministro decidirá a su vez lo que cree o no más prescindible (aunque no está muy claro a quién podríamos pedir cuentas si no estamos conformes).

De momento, la reducción de gastos en la enseñanza se está traduciendo, en particular, en una reducción de plantillas en los centros estatales. Se manejan cifras sobre la proporción entre profesores y alumnos, sueldos comparativos, materias especialmente perjudicadas, etc. Un viejo amigo que trabaja en la enseñanza de adultos se me quejaba el otro día airadamente de las consecuencias de los recortes en su trabajo diario. Me alarmé. Si los adultos que quieren aprender son uno de los gastos menos importantes para el señor ministro, la economía del país debe de estar al límite. Al pasar por el siguiente supermercado, esperé encontrarme a su propietario con una escopeta en la puerta, defendiendo sus existencias, pero no vi nada anormal.

Sin duda, al menos, los colegios normales debían de estar abandonados, con los vidrios rotos y grandes manchas de moho cubriendo la fachada. Pues tampoco. En los colegios entraban y salían niños y adultos con la mayor normalidad. Llegué a mi primera conclusión: cualquier personaje de Groucho Marx habría desempeñado el cargo de ministro con mejor criterio.

La enseñanza de adultos es una rama minoritaria de la enseñanza en España, pero en la enseñanza normal las quejas son también clamorosas. En esos centros, el "No a los recortes" significa, básicamente, que cierto porcentaje de profesores deberá dejar su trabajo y que, en consecuencia, los que queden deberán trabajar más. Sin que les suban el sueldo, sospecho.

Pero el mayor o menor número o sueldo de los profesores no es exactamente el cometido supremo del ministerio. El cometido supremo del ministerio es conseguir una enseñanza lo más eficaz posible, para que los alumnos de hoy desarrollen su potencial humano y estén preparados el día de mañana. Que me corrija el señor ministro si lo que él considera importante es, por ejemplo, que los alumnos aprendan religión, o que estudien con cargo a nuestros impuestos sacando de nota sólo un 5.5.

Como me temo que el señor ministro me va a corregir, olvidémonos de él. Por lo menos, mientras no pongan en su lugar a Rufus T. Firefly. Y centrémonos en la finalidad suprema de la enseñanza estatal, que es la eficacia. La eficacia en la enseñanza consistirá, supongo yo, en que los alumnos acudan a todas las clases durante una larga temporada lectiva y en que las aprovechen. ¿Cómo se aprovecha al máximo una clase? Se me ocurren varias ideas.

Primero, que los profesores estén bien preparados. ¿Lo están? Lo que suelo leer en los periódicos me da a entender que no, pero seamos objetivos. Me conformaré con un examen rigurosísimo de todos los profesores estatales de enseñanza primaria y media, y el que no lo supere, a la calle. Respiro aliviado sólo de pensarlo. Si, como es de temer, después de esa drástica medida faltaran profesores competentes, que los traigan de fuera. Y si no hablan español, que den las clases en inglés. Amiguitos escolares, nadie os prometió nunca un sendero de rosas.

Segundo, que los profesores sean respetados. ¿Lo son? También en este caso me temo que no, pero seamos objetivos. Cuando un niño acumule cierto número de amonestaciones de su profesor, los padres del niño deberán resarcir a los contribuyentes de la pérdida de eficacia general que el niño haya ocasionado. Por ejemplo, si a final de curso ha habido notas insuficientes, los padres de los niños más amonestados deberán pagar, proporcionalmente al número y gravedad de las amonestaciones recibidas, clases particulares extraordinarias para los que hayan sacado peores notas, sean o no sus propios hijos.

Existe ya el slogan "Por una enseñanza de calidad", pero yo preferiría "Por una enseñanza eficaz", porque la calidad de la enseñanza no excluye unos resultados desastrosos y porque, al ser obligatoria, la enseñanza deberá ser también de cantidad. La eficacia, en cambio, es medible.

Detrás de todo esto que estoy diciendo hay, en realidad, un grito de desesperanza ante el nivel humano y cultural de los jóvenes que están empezando a tomar el relevo generacional. Nunca esperé que el nivel educativo de los jóvenes españoles pudiera alcanzar niveles tercermundistas, como me parece que está sucediendo. He pensado mucho sobre las causas de ese fenómeno, que no parece ser exclusivo de España, aunque sí más grave que en muchos otros países.

Una de esas causas, creo yo, es la actitud del avestruz. Es difícil negar que, durante el franquismo, la enseñanza era mucho más eficaz que ahora. Lo cual no es del todo sorprendente, porque el franquismo era una dictadura. Pero, en la medida en que la enseñanza es obligatoria, es también una dictadura, y así debemos entenderlo. No podemos llevar a nuestros niños a la escuela para que aprendan por ciencia infusa o chateando en Facebook. Muchos, muchos avestruces (y muchos políticos) españoles no quieren reconocer esa realidad, quizá porque ya se sabe que las dictaduras son malas y hay que ser progresista.

En realidad, yo sería más progresista todavía. Yo privatizaría la enseñanza de abajo a arriba, e implantaría un sistema de becas que ayude a quien realmente se esfuerza y no puede costeársela. He dicho "a quien realmente se esfuerza", señor Wert, no a quien saque un 5.5.

¿Qué cambiaría en España con la privatización de la enseñanza? Lo mismo que cambiaría en Cuba si privatizaran los supermercados. Los centros docentes competirían entre sí, y los alumnos tendrían la mejor enseñanza posible al mejor precio posible.

Hay dos conceptos clave en todo esto que estoy diciendo: 1 - Cada uno debe apechugar con las consecuencias de sus actos. 2 - Todas las cosas tienen un valor, y la única forma de conocer ese valor es dejar que los usuarios lo paguen de su bolsillo. En la extinta Unión Soviética, los burócratas encargados de fijar los precios de los productos no tenían manera de saber cuánto valían las cosas. La solución que encontraron fue averiguar cuánto valía cada producto en Estados Unidos y convertir esa cifra en rublos.

Regresando al principio, nos hemos quedado sin saber por qué el señor Rajoy considera que la enseñanza es menos importante que, entre muchas otras cosas, los consejeros de las cajas de ahorros, los empleados de las diputaciones, los embajadores autonómicos, los intérpretes del Senado, los asesores de los políticos, el parque móvil oficial, la reforma de la Justicia o la cafetería del Parlamento. Alguien se lo tendría que preguntar, ¿no creen? Pero tengan ustedes paciencia. Primero, porque el señor Rajoy sólo asoma la nariz de cuando en cuando y para decir lo que ya tiene previsto decir, con una credibilidad similar a la de su programa electoral. Segundo, porque la mayoría de los periódicos, que sobreviven gracias a las subvenciones del Estado, quieren seguir sobreviviendo.

Y tercero, porque las listas de nuestros representantes en el próximo Parlamento las van a seguir decidiendo él y otros tres o cuatro como él.

Si llegan a juntarse cuatro, quizá podrían echar una partidita de mus. Por supuesto, a nuestra salud.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.